(Civilis DDHH. Caracas, 09/11/2016) Este martes 1° de noviembre, el Estado venezolano fue sometido por segunda vez a la revisión del cumplimiento y compromiso con sus obligaciones en materia de todos los derechos humanos universales. La sesión de diálogo interactivo, en la que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen la oportunidad de realizar preguntas y recomendaciones al Estado examinado, así como el consecuente Informe de Recomendaciones adoptado por el Grupo de Trabajo, representan el fin del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela.

Este segundo ciclo del Examen Periódico Universal estuvo enfocado en el seguimiento de las recomendaciones hechas por los Estados durante el primer diálogo interactivo, realizado en el 2011, así como en la situación general de los derechos humanos entre los años 2011 a 2016. Para llevar a cabo la evaluación, los Estados cuentan con los informes enviados por el Estado, los órganos de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas y los enviados por otras partes interesadas, como lo son las organizaciones de derechos humanos. Esta información es compilada y resumida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en tres documentos que son enviados a los Estados:

  1. Informe nacional, elaborado por el Estado, quien debe haber realizado una amplia consulta con la sociedad civil.
  2. Informe de compilación de las partes interesadas, entre organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales, gremios y consejos comunales.
  3. Informe de los órganos de tratados y procedimientos especiales, incluye la información enviada por todos los comités de derechos humanos que examinaron a Venezuela entre el 2011-2016: el Comité Contra la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos de los Niños, el Comité Contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como la información enviada por la misma Oficina del Alto Comisionado y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales.

Para el año 2016, fueron enviados 519 informes de partes interesadas. 170 Organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana e internacional enviaron más de 50 informes que abarcan 25 temas en materia de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; así como la situación de poblaciones específicas como las personas mayores, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad, mujeres.

En los días previos a la sesión de diálogo interactivo, República Checa, México, Holanda, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos de América, Bélgica, Alemania y España enviaron preguntas en avance sobre acciones concretas que el Estado estaba implementando o tenía pensado implementar en temas específicos como la protección de los defensores de derechos humanos, libertad de expresión, independencia de poderes, seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres y niñas, embarazo precoz y la escasez y crisis en materia de salud y alimentación.

Preguntas: Preguntas en avance IPreguntas en avance IIPreguntas en avance III

Para la sesión del diálogo interactivo, el Estado venezolano envió una delegación de 40 personas dirigidas por la Ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, que incluyó a la Rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Sandra Oblitas, las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carmen Zuleta y Francis Coello, el Procurador General Reinaldo Muñoz, la Ministra de Salud, Luisana Melo; la Ministra de Servicios Penitenciarios, María Iris Varela; la Ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, la Ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Blanca Eekhout; la Vice Fiscal General de la República, Alis Raquel Boscán, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, Larry Devoe; el Embajador y Representante Permanente de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero; entre otros vice ministros. Se pudo conocer que era inusual que el Estado enviara una delegación tan numerosa para el Examen Periódico Universal, al cual usualmente no asistía una delegación de más de 20 personas.

103 Estados se anotaron en la lista de participación para realizar preguntas y recomendaciones al Estado, más del doble de los que tomaron el derecho de palabra en 2011 (50). Considerando el ajustado tiempo en que se debe realizar la sesión, que no puede durar más de tres horas y media, cada Estado tuvo un minuto y 10 segundos para plantear sus comentarios, preguntas y elaborar sus recomendaciones al Estado.

La sesión inició a las 9 de la mañana, hora de Ginebra (4 am hora de Caracas) con la presentación de la Ministra Rodríguez, quien de los 70 minutos de los que dispone el Estado, utilizó 10 para denunciar una “guerra contra Venezuela” llevada a cabo por “poderes fácticos”; para denunciar al capitalismo de ser la principal causa de violaciones de derechos humanos en el mundo; para sostener que en Venezuela existe un modelo de “democracia participativa” y para lanzar una “campaña por el rescate de los Estados-naciones”. Posteriormente, continuó con la afirmación de que en Venezuela se ha establecido un modelo de vanguardia en derechos humanos y que la campaña contra el país no había surtido efecto, pues todas las recomendaciones hechas apuntaban a la progresividad y continuación del modelo. La Canciller afirmó que en Venezuela se han adoptado la gran mayoría de las recomendaciones, y que el país ha recibido varios reconocimientos de organizaciones internacionales y organismos de la ONU por ello.

Posteriormente tomaron la palabra algunos de los Estados anotados en la lista de oradores para indicar sus recomendaciones, preguntas y comentarios. Luego de transcurridos unos 20 minutos, vuelve a tomar la palabra el Estado, esta vez en voz del Secretario del Consejo de Derechos Humanos Larry Devoe, quien no respondió a ninguna de las interrogantes del Estado, sino que presentó la estructura del recién creado Consejo y el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado a principios de este año. Seguidamente, el Secretario aseveró que el Estado apoya el trabajo realizado por los defensores y organizaciones de derechos humanos y que se está aplicando un plan de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos, pero sólo hasta 1999.

Al terminar el Secretario Devoe, tomó la palabra la Ministra de Salud Melo, quien aseguró que la salud es un derecho garantizado en Venezuela, y que la escasez de medicamentos son fallas “puntuales y alternantes”. Seguidamente, la Ministra Eekhout presentó el Plan para la Equidad de Género Mama Rosa.

Luego de algunas intervenciones de los Estados, la Ministra Varela tomó la palabra, no para responder a las preguntas de los Estados, sino para asegurar que en Venezuela se habían construido 29 nuevos recintos penitenciarios. El Procurador de la República aseguró que los Estados de Excepción constituían una fórmula constitucional que “permitían al Estado defenderse”. La Rectora del CNE, Sandra Oblitas, expuso sobre el derecho a la identidad en Venezuela. Luego de ello, la Vice Fiscal General presentó la Ley para la Prevención y Sanción de la Tortura y a Ley para Sancionar las Violaciones de Derechos Humanos hasta 1999. La Vice Fiscal también aseguró que 9 funcionarios habían sido sancionados por los hechos del 2014.

Luego de algunas intervenciones finales de los Estados en la lista de oradores, tomó la palabra un representante del Ministerio de Interior y Justicia, quien afirmó que el plan de desarme había sido un éxito y que en Venezuela se respeta plenamente el derecho a manifestación. La magistrada Coello continuó afirmando que las “guarimbas” no calificaban de manifestación pacífica. La Ministra Núñez presentó como un éxito el reconocimiento constitucional de los derechos de los indígenas y la adopción de legislación a su favor. Seguidamente, el ex director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y ahora Ministro de Comunicación Internacional, William Castillo, afirmó que en Venezuela no se puede hablar de violaciones a la libertad de expresión porque no habían periodistas presos, sólo personas procesadas por el “delito de difamación”. un representante del Ministerio de Información aseguró que en Venezuela la pobreza y la desigualdad social en Venezuela había disminuido, luego de lo cual la Magistrada Zuleta defendió que en Venezuela existía la independencia de poderes. La presentación del Estado la culminó la Canciller Delcy Rodríguez, quien aseguró que, a pesar del “bullying internacional” en contra de Venezuela, iba a aceptar la gran mayoría de las recomendaciones realizadas. Posteriormente hubo una ovación de pie de los miembros de la delegación venezolana, acompañados por algunos representantes de Estados como Cuba, Bolivia, Rusia, Siria y Nicaragua. También se pudo conocer que no era costumbre terminar la presentación con aplausos.

Ante la intervención del Estado, no es posible afirmar que se haya llevado a cabo un verdadero diálogo interactivo, donde los representantes venezolanos respondieran a las preguntas y comentarios de los demás Estados. Por el contrario, Venezuela solamente hizo una presentación de lo que considera son “logros” en la materia, aunque su discurso tuvo más contenido ideológico que de derechos humanos. El Estado tampoco aceptó su responsabilidad en aquellos asuntos que dificultan o bloquean el ejercicio y garantía de los derechos humanos, sino que atribuyó toda la culpa a factores externos, impidiendo así que se puedan implementar soluciones efectivas a estos problemas.

A pesar de la línea argumentativa del Estado de que los problemas y retos que Venezuela atraviesa en la materia son a causa de la “guerra económica”, la intervención de “factores nacionales e internacionales”, el “bullying” y la caída en los precios del petróleo; apenas Bolivia y Cuba parecen haber atendido a ese discurso. El resto de los Estados que participaron increparon al Estado a que tomara medidas para proteger y garantizar los derechos humanos. Incluso Corea del Norte recomendó al Estado a “aumentar los esfuerzos para garantizar la producción nacional de alimentos… y garantizar la soberanía alimentaria.”

De los 103 países anotados en la lista de oradores, solamente faltó uno por hablar, Sierra Leona, quien no se encontraba presente para el momento del examen. De estos 102 países surgieron 279 recomendacionesmás del doble de las 148 recomendaciones hechas durante el primer Examen Periódico Universal de Venezuela. Las recomendaciones más reiteradas durante el examen estuvieron relacionadas con temas que ya en 2011 preocupaban a los demás Estados, como la cooperación de Venezuela con el Sistema Universal de Derechos Humanos, incluyendo la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de la Convención para la Protección de los trabajadores Inmigrantes y sus Familias (49 recomendaciones); la libertad de expresión y prensa, acceso a la información y protección a periodistas (24 recomendaciones), y la independencia de poderes, con menciones explícitas al Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República y el Consejo Nacional Electoral (CNE) (20 recomendaciones).

Además de estos asuntos harto reiterados, durante el segundo EPU del Estado también surgieron nuevas preocupaciones, relacionadas con hechos recientes que ponen en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos de los venezolanos, abarcando de esa forma los 25 temas presentados por las organizaciones autónomas de la sociedad civil. Entre ellos, destaca la crisis generalizada en materia de salud y alimentación ocasionada por la escasez y el colapso de los servicios (21 recomendaciones); así como temas completamente innovadores, como la libertad académica y autonomía universitaria (una recomendación hecha por Eslovenia), derechos relacionados al ambiente (Togo, Tayikistán, Yemen, Bolivia) y derechos de los adultos mayores (Singapur).

Tres días después de la sesión de diálogo interactivo, el viernes 4 de noviembre, la troika encargada del examen de Venezuela, conformada por Nigeria, México y Kazakstán, presentó el informe preliminar de recomendaciones ante el Grupo de Trabajo para su adopción.

Informe Preliminar de Recomendaciones EPU 2016

Durante la sesión de adopción del informe preliminar, el embajador Jorge Valero tomó la palabra para aseverar que Venezuela vivió exitosamente su segundo EPU. Aseguró que la participación de tantas mujeres era “evidencia del rol de las mujeres en la sociedad, donde la igualdad es una realidad”. Afirmó que el EPU es el mecanismo más eficaz para la evaluación de los derechos humanos, y que su éxito radica en su carácter universal. También aseveró que, durante el Examen, se evidenciaron los incuestionables avances de la revolución bolivariana, reconocidos por la mayoría de los Estados “a pesar de factores que estaban gestando un Golpe de Estado”; que la reducción de la pobreza y la desigualdad no tienen antecedente, que ahora hay acceso a la salud, igualdad de género; que se garantizan los derechos de los indígenas, de los privados de libertad y que se respeta plenamente el derecho a la protesta. En lugar de adoptar algunas de las recomendaciones en el momento, como es costumbre, aseguró que Venezuela acogerá la “inmensa mayoría de las recomendaciones” antes de la próxima sesión en marzo, y que muchas de las cuales “ya estaban siendo implementadas”. Aun cuando no aceptó ninguna recomendación, prometió que, igualmente antes de marzo, el Estado realizaría “por lo menos 24 compromisos voluntarios“. Estos compromisos aún no han sido enviados a la Oficina del Alto Comisionado, pero en la página estatal epuvenezuela.gob.ve aparece publicada una Propuesta de Compromisos Voluntarios en el Marco del Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal de la República Bolivariana de Venezuela (EPUVE 2016).

Este 18 de noviembre se hará público el informe preliminar completo y hasta el 25 de noviembre los Estados tienen la oportunidad de hacer algunos arreglos editoriales. Posteriormente, en el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en marzo, los Estados Miembros del Consejo adoptarán el Informe definitivo en una sesión en que miembros de la sociedad civil tendrán un derecho de palabra.