CIVILIS
DERECHOS
HUMANOS

ONG – Organizaciones No Gubernamentales

En 1996, el Centro de Investigación Social (Cisor) contabilizó 1.016 ONG de desarrollo social en el país. En 1997 el Ministerio de la Familia reportaba cerca de 2.000 organizaciones incorporadas a la ejecución o cogestión de programas sociales del Estado, muchas de las cuales desaparecieron entre los años 1999 y 2002 -Contexto de la Sociedad Civil en Venezuela, 2000 ( Colmenares).

Para el año 2010, Sinergia elaboró un Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil encontrando un total de 906 organizaciones activas: 426 asociaciones, 217 fundaciones, 136 gremios empresariales y de trabajadores, 84 centro académicos y 44 organizaciones de segundo y tercer nivel (Redes, Cámaras, Federaciones y Centrales)

El 79% de estas organizaciones enfoca sus acciones en áreas de participación ciudadana (19%), salud (18%), protección social (15%), educación (12%), derechos humanos (9%) y ambiente (7%). Una mirada a la situación actual de este sector se encuentra en los estudios para el Índice Civicus de Sociedad Civil en Venezuela -Índice Civicus Sociedad Civil de Venezuela, 2010 (Sinergia) realizados por Sinergia en el año 2010:

  1. El 50% de las organizaciones tienen 5 años o menos de fundadas.
  2. El 85% posee estructuras de gestión formales.
  3. Solo el 47% goza de una base financiera sólida y más de la mitad ha  experimentado una disminución sustantiva de sus recursos.
  4. El 88% cuenta con acceso a tecnologías de comunicación.
  5. Más del 60% declara pertenecer a redes o federaciones, con una participación activa.
  6. La mayoría percibe las relaciones con el gobierno nacional como poco favorables, siendo muy limitada su incidencia en las políticas públicas.
  7. Las relaciones con otras organizaciones y la ciudadanía es de alta cooperación y se percibe una positiva incidencia en los temas sociales.
  8. Más de un 70% evalúa el marco legal como restrictivo para sus acciones.
  9. El 40% fue objeto de descalificaciones públicas efectuadas por funcionarios de gobierno o medios de comunicación oficiales, y se había experimentado restricciones de acceso a recursos, negativas de información, sometimientos a juicios por ejercer el derecho a disentir y trabas para el cumplimiento de trámites legales.
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