Investigaciones determinaron que una bomba lacrimógena produjo muerte a Pernalete (AP Photo/Fernando Llano)
(Caracas 24/05/2017. Ministerio Público) La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que desde el 6 de abril a la fecha se han registrado 55 personas fallecidas y mil lesionadas durante las manifestaciones en el país.
La cifra la dio a conocer en una rueda de prensa ofrecida en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, en Caracas, donde indicó que de los fallecidos 52 son civiles y 3 son funcionarios de los cuerpos de seguridad, mientras que 771 civiles y 229 policías o militares han resultado lesionados; así como 346 bienes inmuebles públicos y privados han sido quemados o dañados, con pérdidas patrimoniales cuantiosas.
En ese sentido, ratificó que la muerte de cualquier venezolano duele, por lo que repudió la violencia “venga de donde venga”.
Señaló que por esta situación fueron iniciadas 1.475 investigaciones, de las que 1.329 son por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad.
En materia de delitos comunes se han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de delitos como homicidio, lesiones, instigación pública, hurto y robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento. Del total de imputados, 284 han sido privados de libertad.
Añadió que no todos los detenidos han sido responsables de los hechos ocurridos, por ello, “la liberación de personas detenidas ilegalmente constituye un triunfo del Estado de derecho y una vocación garantista del país”.
En el caso de Barinas, el Ministerio Público ha registrado la muerte de siete personas desde el lunes 22 de mayo, decesos ocurridos en medio de alteración del orden público y daños a instituciones públicas y privadas.
Dijo también que durante esos hechos resultaron afectadas la sede del Consejo Nacional Electoral, la casilla de vigilancia del Circuito Penal Judicial de Barinas, las fachadas de la alcaldía y la prefectura de Barinitas, la casa natal del fallecido presidente Hugo Chávez y el comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Por esta situación en la entidad llanera, hay 20 personas detenidas.
Derechos fundamentales
La Fiscal General precisó que en materia de derechos fundamentales han sido imputados 19 funcionarios policiales y militares por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio; trato cruel, inhumano y degradante; uso indebido de arma orgánica; privación ilegítima de libertad y violación de domicilio, entre otros.
Al respecto, agregó que hay 18 órdenes de aprehensión aún por materializar.
A propósito de este tema, informó que la causa de la muerte del estudiante Juan Pernalete se debió a un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax, lesión producida por el impacto de una bomba lacrimógena.
“Este objeto (mostrándolo), produjo la muerte del estudiante Juan Pernalete, que sabemos de dónde salió, del grupo que salió. Todavía no hemos individualizado a la persona”, aseveró la Fiscal General.
Al ser consultada sobre el grupo responsable de la muerte del estudiante, respondió que se trata de la Guardia Nacional Bolivariana.
Por otro lado, indicó que el Ministerio Público tiene 16 investigaciones abiertas contra grupos de civiles armados, los cuales están actuando al margen de la ley y propician la alteración de los ánimos.
Asimismo precisó que tiene denuncias de que policías y militares están involucrados en saqueos, cuestión que contraviene la función de cualquier funcionario, como es resguardar la seguridad de los ciudadanos y evitar el enfrentamiento entre grupos armados.
También expresó su preocupación, ya que el Ministerio Público tiene registrada más de 500 personas lesionadas, producto de violaciones a los derechos fundamentales.
Explicó que ese número significa que más de la mitad de los lesionados hasta este momento, están heridos por la actuación y el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado.
Tribunales militares
Ortega Díaz agregó que otra de las actuaciones importantes tiene que ver con siete investigaciones llevadas por la justicia militar y que corresponden a la jurisdicción ordinaria.
En tal sentido, se solicitó la declinatoria de la competencia a los tribunales penales de dos casos que cursan en instancias castrenses en los estados Nueva Esparta y Zulia.
Añadió que se va a presentar un amparo por abstención de uno de estos tribunales militares, pues aún no ha habido pronunciamiento.
Informó que entre las diligencias realizadas por los fiscales del Ministerio Público está una comunicación dirigida a la Fiscal General Militar para que informe el número de procesos y detenidos, para, además, verificar el estado de detención de los mismos.
Para la Fiscal General dicha situación es contraria a los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual viola la garantía del juez natural, así como también los instrumentos internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos.
En relación con este tema, Ortega Díaz se refirió a la página 181 del Informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad, en la cual se denuncia de manera detallada los casos de juicios extraordinarios sobre procedimientos sumarísimos, que consistían en procesar a civiles en jurisdicciones militares, durante 1958-1998.
