(Washington, 22.09.2019.CIDH). La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades
democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas -individuales y colectivas- de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. De acuerdo a los instrumentos del sistema interamericano, el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático.

La región, lejos de presentar un panorama de consenso en cuanto a la protección de las
manifestaciones y protestas, ha sido escenario –y sigue siéndolo– de acciones de represión,
dispersión y limitación del ejercicio de estos derechos en el espacio público, producto de
una concepción arraigada que considera a la movilización ciudadana como una forma de
alteración del orden público o como una amenaza a la estabilidad de las instituciones
democráticas. De allí que un objetivo central del presente informe, elaborado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, es el de contribuir al mejor entendimiento de las obligaciones estatales dirigidas a garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones públicas, así como los estándares que deben enmarcar el uso progresivo -y como último recurso- de la fuerza en contextos de protesta.

El presente informe también reconoce que en distintas circunstancias las protestas generan
disrupción y afectan el normal desarrollo de otras actividades, pero esa situación no vuelve
per se ilegítimas a estas formas de expresión. Parte de la base que la protesta tiene como una
de sus funciones canalizar y amplificar las demandas, aspiraciones y reclamos de grupos de la población, entre ellos, los sectores que por su situación de exclusión o vulnerabilidad no acceden con facilidad a los medios de comunicación y a las institucionales de mediacióntradicionales.

El informe subraya que los manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica, y los Estados la obligación de
gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Para ello, los Estados deben respetar el limitado espacio que tienen para establecer restricciones legítimas a
manifestaciones y protestas.

El informe también actualiza el ejercicio de estos derechos en relación con la importancia
creciente de Internet, los medios de comunicación y el rol de publicidad, así como la protección del control social que cumplen los periodistas y comunicadores durante la
organización, convocatoria y ejercicio de la protesta.

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