(Ginebra-Paris, 26.03.2020 OMCT – FIDH ). La detención arbitraria y judicialización del periodista Darvinson Rojas y la citación a declarar de la Directora de La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, por sus publicaciones sobre la crisis del COVID-19 son una clara muestra de que las autoridades venezolanas estarían aprovechando la crisis sanitaria global para restringir los derechos humanos, denunció el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).
El 21 de marzo de 2020 el periodista Darvinson Rojas fue detenido arbitrariamente junto con sus padres en el Municipio Libertador del Distrito Capital, y su casa fue allanada ilegalmente por diez funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que, además de detenerle, confiscaron numeroso equipamiento electrónico.
Los diez miembros de las FAES, que iban encapuchados, acudieron a la residencia de la familia Rojas bajo el argumento de que se sospechaba que el Sr. Jesús Rojas, padre de Darvinson Rojas, pudiera haber contraído el COVID-19. Sin embargo, una vez que éste accedió a abrir la puerta, los miembros de las FAES le informaron de que en realidad a quien buscaban era “al periodista”. Darvison Rojas denunció los hechos en su cuenta personal de Twitter y cuando se presentó ante los agentes tanto él como su padre fueron agredidos.
Darvison Rojas y sus padres fueron detenidos y trasladados al comando de La Quebradita (Distrito Capital) donde sus padres fueron liberados una hora después. Darvison Rojas permaneció detenido y durante la noche fue trasladado a la sede de la FAES de Caricuao (Distrito Capital) sin que sus familiares conocieran su paradero hasta la tarde del 22 de marzo. En el día de hoy se ha sabido que el 23 de marzo se realizó una audiencia de presentación en la cual Darvinson Rojas no contó con asistencia jurídica y en la que se presentaron cargos en su contra por instigación al odio e instigación pública, delitos previstos en artículo 20 de la “Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 8 de noviembre de 2017.
Días antes, el Sr. Darvinson Rojas había publicado en su cuenta personal de Twitter estadísticas sobre casos de COVID-19 no confirmados por el Gobierno de Nicolas Maduro en el Estado de Miranda. Durante la detención, los miembros de las FAES pidieron al periodista que revelara las fuentes de las estadísticas.
Además, Beatriz Rodríguez, directora de La Verdad de Vargas, ha sido citada a declarar ante la Fiscalía por una información publicada sobre la presunta infección con coronavirus de una enfermera.
“Resulta inaceptable que la crisis sanitaria sea utilizada para profundizar la crisis de derechos humanos en Venezuela. La libertad de prensa y la labor de quienes defienden los derechos humanos son más necesarias que nunca para asegurar que la salud ciudadana y la salud democrática puedan avanzar de la mano”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
“El derecho a la salud incluye muchos otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión y de información. Exigimos que Darvison Rojas sea liberado y que, tanto él como Beatriz Rodríguez, no sean judicializados por el mero ejercicio de la libertad de expresión”, declaró Alice Mogwe, Presidenta de la FIDH.
El Observatorio destaca que estos hechos profundizan la crisis de derechos humanos, en un contexto en el que, como denunciamos en el informe publicado hace dos semanas[1], una compleja política de Estado pone la institucionalidad pública al servicio de la difamación y el hostigamiento de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que son concebidas como “enemigos internos”. Por todo lo anterior, el Observatorio hace un llamado a las autoridades venezolanas a no utilizar el contexto de crisis sanitaria como excusa para profundizar en la represión de quiénes ejercen y defienden los derechos humanos.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.