Los jóvenes de los sectores populares son las principales víctimas de la violencia institucional. En un contexto de crecimiento de la pobreza como parte de una Emergencia Humanitaria Compleja, nuestra juventud lo que esencialmente requiere son oportunidades para su desarrollo espiritual y para mejorar sus condiciones de vida. Insistimos que las políticas preventivas deben ser el eje principal de una estrategia estatal en materia de seguridad ciudadana.
El año 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato. En distintas circunstancias dieron muerte a 824 personas.
De las 824 personas asesinadas, 501 (61%) pudieron ser identificadas y 323 (39%) no fue posible identificar. Así mismo, en cuanto a género, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) mujeres. Cabe destacar un incremento porcentual de víctimas mujeres al pasar del 1.04% en 2021 al 2,18% en 2022. La mayoría de estas víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que viven en zonas populares.
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