Formación y funcionamiento de los partidos

  1. Todos los ciudadanos tienen derecho a formar o integrar un partido político y nadie debe ser obligado a ser miembro de una de estas asociaciones.
  2. Los partidos políticos son los principales vehículos a través de los cuales las personas pueden participar en la gestión de los asuntos públicos.
  3. Dado que los partidos políticos cumplen un papel fundamental en la esfera pública, asegurando el pluralismo y el correcto funcionamiento de una democracia, la existencia de presunción en favor de la formación de partidos políticos significa que toda restricción debe encontrarse estrictamente justificadas con arreglo a la proporcionalidad y a la necesidad en una sociedad democrática.
  4. No es necesario establecer un sistema o régimen de registro para los partidos políticos para que éstos puedan constituirse y realizar sus actividades.
  5. En los casos en que exista un registro, la formación y el funcionamiento de los partidos nunca deberá depender de la aprobación previa de las autoridades.
  6. Es razonable exigir un número mínimo de personas para fundar partidos políticos, pero esta cifra no deberá fijarse en un nivel que desaliente la participación de las personas en estas asociaciones.
  7. También es razonable aplicar otros requisitos, relativos a la representación geográfica o étnica, pero debe garantizarse que este tipo de medidas no se convierta en una forma discriminatoria para la formación de partidos políticos.
  8. Los Estados deben velar para que los partidos políticos respeten las disposiciones aplicables del derecho a la participación política en su organización interna.
  9. Todos los partidos políticos que hayan presentado solicitudes ante órganos públicos competentes y sean rechazadas, tienen derecho a la oportunidad de obtener reparación ante un tribunal independiente e imparcial.

Libertad de expresión y reunión pacífica

  1. Todos los partidos políticos tiene derecho a ejercer la libertad de expresión, incluso mediante manifestaciones pacíficas.
  2. No son permisibles restricciones a la discusión de las políticas del gobierno y el debate político, a la información sobre los derechos humanos, las actividades del gobierno y actos de corrupción, a la participación en campañas electorales, a las manifestaciones pacíficas o actividades políticas en favor de la paz y la democracia, ni a la expresión de opiniones o discrepancias, ideas religiosas o creencias, incluso por miembros de minorías o de grupos en condiciones de vulnerabilidad.
  3. Los partidos políticos tienen la libertad de elegir y sostener ideologías, incluso si no gustan a las autoridades o a la sociedad en general. Esta libertad incluye el derecho a hacer llamamientos que cuestionen las elecciones, sin temer a represalias.
  4. El derecho de los partidos políticos a expresarse y opinar, en particular mediante la realización de campañas electorales, incluye el derecho de procurar obtener, recibir e impartir información como requisito esencial para la integridad de las elecciones.
  5. Solo puede prohibirse legalmente un partido político cuando se pruebe que éste o cualquiera de sus candidatos haga uso de la violencia o promueva la violencia o el odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, o cuando se emprendan actividades o actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en las normas internacionales de DDHH.

Participación en igualdad de condiciones y oportunidades

  1. Los partidos políticos tienen derecho a competir en igualdad de condiciones y de manera justa en elecciones. Deben recibir un tratamiento equitativo basado en criterios razonables y objetivos.
  2. Ningún partido político puede ser discriminado, ni recibir ventajas o desventajas injustas por parte del Estado.
  3. La libertad de expresión de los partidos políticos implica que éstos tengan la oportunidad de acceder a los medios de comunicación en condiciones de igualdad, en particular si los medios de difusión son propiedad del Estado o se encuentran bajo su control.
  4. La asignación de tiempo de aire gratuito en los medios de comunicación asegura que todos los partidos políticos, incluso los pequeños, puedan difundir sus opiniones e ideas. La asignación de tiempo de aire en los medios de comunicación antes de celebrar elecciones debe ser la misma y estar basada en los principios de igualdad ante la ley y no discriminación.
  5. La legislación debe proporcionar un marco claro para asegurar la igualdad de acceso a los medios de difusión, incluso durante el período de campaña. Negar a determinados partidos acceso a los medios de difusión públicos o proporcionar cobertura sesgada, sobre la base por ejemplo de que el partido o las opiniones del candidato son inaceptables, es incompatible con los derechos a la libertad de asociación y de expresión.
  6. Los Estados tienen la obligación de contar con órganos de gestión electoral imparciales e independientes del poder ejecutivo, para asegurar que no se desvíen los procesos electorales y se pueda crear desigualdad de condiciones para algunos partidos políticos. La misma norma aplica a entes que regulen los medios de comunicación. Estos órganos deben contar con facultades suficientes y tener una capacidad adecuada para elaborar normas y vigilar y asegurar su cumplimento.

Acceso a recursos

  1. Debe existir igualdad de oportunidades para los partidos políticos en lo que respecta a su capacidad de acceder a financiaiento.
  2. La limitación razonable de los gastos en campañas electorales puede estar justificada cuando sea necesaria para asegurar que la libre elección de los votantes no se vea afectada o que el proceso democrático quede perturbado por gastos desproporcionados en favor de cualquier candidato o partido.
  3. El financiamiento público de los partidos políticos a menudo se utiliza como medio para colocar a todas las partes en pie de igualdad en lo que respecta a sus oportunidades y garantizar la competencia entre diversas ideas y opiniones.
  4. El financiamiento público no debe utilizarse para interferir con la independencia de un partido ni promover o generar una dependencia excesiva de los recursos del Estado.
  5. Los recursos públicos no deben utilizarse para dar más oportunidades electorales a un partido, especialmente al partido gobernante o sus candidatos. Este principio se aplica también a la utilización de las instituciones del Estado como las fuerzas de policía, el poder judicial, los fiscales, los organismos de seguridad y otros, los cuales deben ser imparciales a la hora de controlar o limitar las actividades de los partidos políticos.

Acceso a garantías judiciales y protección eficaz

  1. Todos los miembros de partidos o activistas políticos deben realizar sus labores en un entorno propicio y seguro, sin temor a represalias o intimidación por causa de su actividad.
  2. Los actos de amenaza, acoso u hostigamiento o cualquier otro que ponga en riesgo la integridad física o mental o la libertad personal de los miembros de partidos o activistas políticos, deberá ser oportunamente investigado y debidamente sancionado por tribunales imparciales e independientes.
  3. Los partidos políticos y sus miembros, a quienes se haya restringido indebidamente el ejercicio de su derecho a asociarse libremente, deben tener acceso a vías de recursos judiciales rápidos y eficaces.