(Caracas, Amnistí Internacional). Este análisis global se centra en cuatro cuestiones que ponen de relieve algunas de estastendencias adversas a nivel global: el trato de la población civil como sacrificable en losconflictos armados; la creciente ofensiva contra la justicia de género; el impactodesproporcionado de las crisis económicas, el cambio climático y la degradación ambientalen las comunidades más marginadas, y las amenazas que suponen las tecnologías nuevas ylas existentes, incluida la inteligencia artificial (IA) generativa. Desde la perspectiva deAmnistía Internacional, todas ellas representan retos críticos para los derechos humanos entodo el mundo tanto en 2024 como en los años venideros. Los Estados deben actuar demanera concertada para hacerles frente y evitar que surjan nuevos conflictos y crisis o seagraven los existentes.

En cuanto a Venezuela La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El sistema público de salud estaba colapsado. El gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en 2022 para abordar estas cuestiones. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales. Quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. El gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad.

Aunque al concluir el año se excarceló a algunas personas, las detenciones arbitrarias de motivación política seguían siendo una práctica sistemática. La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la nRepública Bolivariana de Venezuela, de la ONU, puso de manifiesto los crímenes de lesa humanidad, pidió que se investigaran las políticas restrictivas del Estado y señaló el incumplimiento de las recomendaciones emitidas con anterioridad. La Corte Penal nternacional prosiguió con su investigaciónsobre los crímenes de lesa humanidad, pesea los intentos del gobierno de suspender elproceso. Siguieron empeorando lascondiciones penitenciarias, especialmentela falta de acceso al agua y a laalimentación. La minería ilegal y laviolencia amenazaban los derechos de lospueblos indígenas en la zona del ArcoMinero del Orinoco. El número de personasvenezolanas que huían del país seguíasiendo elevado, y las que eran devueltaseran objeto de detención arbitraria. Elacceso a los servicios de salud sexual yreproductiva se veía seriamente afectado, yel aborto seguía estando penalizado.Persistía la violencia sexual contra lasmujeres y las niñas, y las personas LGBTIseguían sufriendo discriminación.

La Misión Internacional Independiente deInvestigación de los Hechos sobre laRepública Bolivariana de Venezuela (MIIV),de la ONU, presentó informes sobre larepresión selectiva de miembros de laoposición política y la estructura de losorganismos policiales responsables deejecuciones extrajudiciales.

La impugnación por parte del gobierno delos límites territoriales con Guyana dio lugar aun aumento de la presencia militar a lo largode la frontera y elevó el riesgo de que secometieran violaciones de derechos humanos. Quienes criticaban esa política seenfrentaban a un mayor riesgo decriminalización.

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