(Caracas, 03.03.20203. Coalición por la Libertad de Asociación). Desde la Coalición por la Libertad de Asociación abogamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, especialmente a los derechos y libertades concernientes al libre desempeño de la sociedad civil y estándares de protección del espacio cívico.

Hace apenas tres semanas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló, desterró y despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos.  Aún permanecen en las cárceles, 37 personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos incluyendo al Obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión en un precipitado juicio por supuesta conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato a las autoridades, todo como castigo por negarse al destierro. Pocos días después, sin juicio previo, 94 nicaragüenses en su mayoría viviendo en el exilio, fueron despojados de la nacionalidad, inhabilitados para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, así como ejercer cargos de elección popular, la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua y se anunció la confiscación de sus bienes, en abierta violación a tratados internacionales que prohíben someter a cualquier persona a la condición de apátridas.

En su afán de perpetuarse en el poder, el régimen Ortega Murillo ha aprobado y aplicado un conjunto de leyes que despoja a la sociedad nicaragüense de sus más elementales derechos.  Entre el 2020 y 2021 la Asamblea Nacional bajo su control absoluto, aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos conocida como “Ley Mordaza”, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz; las cuales han servido para encarcelar y condenar a través de juicios espurios a decenas de nicaragüenses, imponer una total censura a la prensa independiente, clausurar más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil y expulsar del país a la mayoría de organizaciones internacionales de cooperación. Recientemente, el legislador agregó otra ley para criminalizar y silenciar a la disidencia, la Ley de Regulación de la Pérdida de la Nacionalidad que declara la pérdida de la nacionalidad para quienes sean responsabilizados de violar la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo antes mencionada y con similar propósito, una Reforma del art. 21 de la Constitución aprobada en primera legislatura que declara que los “traidores a la patria” perderán la nacionalidad nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Centroamérica y el Caribe Inglés condenaron enérgicamente las nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua, tras considerar que se han acelerado de manera alarmante en los últimos días.

Acogemos y celebramos el llamado que han hecho distintos gobiernos de la región a respetar los derechos humanos del pueblo nicaragüense y el ofrecimiento de otorgar la nacionalidad a quienes han sido despojados por parte del régimen Ortega Murillo. Especialmente destacamos el reciente pronunciamiento del gobierno de la República de Colombia, en el cual estima que los hechos recientes constituyen violaciones claras de normas imperantes, inderogables, absolutas, perentorias e inmutables del derecho internacional, debiendo éstas ser conocidas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Por otro lado, en Venezuela avanza el intento de suprimir el derecho a la libertad de asociación a través de un “proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines”, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN), con mayoría de diputados del partido de gobierno de Nicolás Maduro.

Nos solidarizamos con la sociedad civil venezolana y apoyamos el comunicado del 11 de febrero de 2023, firmado por 494 organizaciones y personalidades que rechazaron el proyecto de Ley,, el cual forma parte de una política dirigida a anular las capacidades de la sociedad civil venezolana en su papel como actor activo y fundamental de la vida cívica y democrática de Venezuela y, como bien lo destaca la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela.

Como lo expresan las OSC en el comunicado, este proyecto de ley declara como inexistentes todas las formas de asociación, fundaciones y otras formas asociativas sin fines de lucro ya registradas o que funcionen de hecho, las cuales tendrían que volver a constituirse y someterse a un nuevo régimen de autorización y fiscalización por parte del Estado, que atenta contra la autonomía de la voluntad de los miembros asociados, interfiriendo en asuntos relacionados con el funcionamiento interno, membresía, mandato y objetivos, actividades, financiamiento y medios de trabajo. De no cumplir la ley, las asociaciones enfrentarían sanciones ampliamente discrecionales, como la suspensión o disolución, multas confiscatorias, y la determinación de responsabilidad civil y/o penal por delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

En este nuevo régimen, también se impone una carga desproporcionada de requisitos obligatorios y de renovación constante, haciendo imposible su cumplimiento y dejando a las asociaciones en una situación de ilegalidad de facto, además de sumar los requisitos de otras leyes y regulaciones vigentes, o en discusión, violatorias del derecho a la libertad de asociación. Estas son la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la Providencia 002-2021 de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y un proyecto de ley de Cooperación Internacional, el cual se encuentra en discusión en la AN.

Ambas situaciones constituyen hechos gravísimos contra el espacio cívico en Latinoamérica, en un contexto regional de creciente deterioro de los derechos y libertades democráticas. Gobiernos autoritarios como el de Nicaragua y Venezuela y su alianza con regímenes antidemocráticos de distintas latitudes, constituyen un grave peligro para las democracias en la región.

Desde la Coalición por la Libertad de Asociación abogamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, especialmente a los derechos y libertades concernientes al libre desempeño de la sociedad civil y estándares de protección del espacio cívico, los cuales se han visto profundamente vulnerados en Latinoamérica los últimos diez años, traduciéndose en el debilitamiento de nuestras democracias y el avance de regímenes cada vez más autoritarios. Es por ello que hacemos un llamado a la solidaridad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo, a fin de posicionarse con firmeza a favor del respeto de los derechos humanos de nuestros pueblos oprimidos de América Latina.

Fuente Oficial